Por Ivan Gomez
No importa si vas camino al trabajo, llevas a tus hijos a la escuela o simplemente conduces para comprar el supermercado. En Ohio, cada vez más agencias gubernamentales están instalando cámaras impulsadas por inteligencia artificial capaces de registrar el paso de tu vehículo las 24 horas del día. La pregunta ya no es si existen, sino cuánto saben de tus movimientos.
La expansión de la red de cámaras de Flock Safety ha dejado de ser un programa exclusivo para departamentos de policía. Ahora, nuevas agencias estatales, incluyendo oficinas relacionadas con compensación laboral, el jefe estatal de bomberos y el sistema penitenciario de Ohio, también han comenzado a utilizar esta tecnología para rastrear vehículos mediante el reconocimiento automático de placas.
Sus defensores afirman que el sistema ayuda a recuperar vehículos robados y acelera investigaciones criminales. Sin embargo, sus críticos advierten que el costo podría ser mucho mayor que el beneficio: una infraestructura de vigilancia permanente capaz de registrar los desplazamientos cotidianos de millones de personas que nunca han sido acusadas de un delito.
Lo que preocupa a organizaciones de derechos civiles no es únicamente que una cámara lea una matrícula. Es la posibilidad de reconstruir los movimientos de cualquier automóvil a través de una red conectada, creando un historial detallado de dónde estuvo, cuándo pasó y hacia dónde se dirigía. Para algunos expertos en privacidad, esto representa un cambio profundo en la relación entre los ciudadanos y el Estado.
La controversia ya llegó al Ayuntamiento de Cleveland. El Concejo Municipal aprobó recientemente una extensión temporal del contrato con Flock Safety, pero solo por seis meses y acompañada de nuevas medidas de supervisión y protección de datos. La votación evidenció una fuerte división entre los propios funcionarios públicos, reflejando un debate que apenas comienza.
La discusión también trasciende Ohio. En diferentes estados del país, algunas ciudades han decidido retirar estas cámaras después de cuestionamientos sobre privacidad, acceso a la información y el riesgo de que los datos terminen siendo utilizados con fines distintos a los prometidos originalmente. El debate ya no gira únicamente alrededor de la seguridad pública, sino del equilibrio entre combatir el crimen y preservar las libertades civiles.
La tecnología avanza mucho más rápido que las leyes que intentan regularla. Mientras las cámaras siguen multiplicándose en calles y carreteras, millones de conductores probablemente desconocen que cada trayecto puede convertirse en un registro digital almacenado y consultable durante una investigación.
El verdadero interrogante no es si estas cámaras pueden ayudar a resolver delitos. La pregunta es mucho más incómoda: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar que nuestros desplazamientos cotidianos queden registrados por sistemas de inteligencia artificial en nombre de la seguridad?